Tras diezmarla en 2018, añade hoy a una decena de nuevas jurisdicciones no cooperativas
A la UE se le dan muy mal las listas negras. Los técnicos estudian los sistemas fiscales opacos, le dan vueltas a quién incluir, las elaboran y a veces incluso logran que se publiquen, pero los Estados Miembro, cada uno con su pasado, sus vínculos y sus intereses, se mueven muy rápido para aguarlas. Se vio con la de paraísos fiscales de la Comisión Europea publicada a finales de 2017 y se repitió la semana pasada con el intento fallido (o más bien, bloqueado) de sacar adelante una en Bruselas de países opacos que muestran claras «deficiencias» en «sus marcos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo».
Sin embargo, Bruselas no se rinde del todo y el Ecofin anunciará este martes la última versión de su particular concepción de paraísos fiscales puros, en la que añade una decena de jurisdicciones no cooperativas a las cinco presentes hasta ahora en esa polémica lista negra, hasta sumar un total de 15. Igualmente, 34 más se encuadrarán en una lista gris.
Las cifras bailan y pueden llevar a confusión. En diciembre de 2017, la Comisión evaluó a 92 países y sacó dos listas diferentes. La negra, con 17 inclusiones (Samoa Americana, Bahrein, Barbados, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Granada. Guam, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucia, Samoa, Trinidad y Tobago y Túnez); y una gris, con 47 jurisdicciones a medio camino.
Enseguida, en cuestión de semanas y tras la presión de diferentes países y las promesas de los afectados, más o menos concretas, la lista negra se redujo a nueve jurisdicciones. En mayo de 2018 ya eran sólo siete, y en noviembre del año pasado se dejó en apenas cinco: Samoa, Trinidad y Tobago, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes. Por primera vez, la Unión evaluará en 2019 a países como Argentina, México o incluso Rusia, sin que eso prejuzgue ninguna conclusión o inclusión. Y todo apunta a que Bermudas y Emiratos Árabes, e incluso Andorra, podrían ser añadidas a la negra. Pero las discusiones se mantendrán abiertas hasta el último minuto, como en otras ocasiones. Y la presión de los ministros puede salvar in extremis a algún socio comercial.
Este martes, según adelantó el comisario Pierre Moscovici en una entrevista con Politico, Aruba, Belize, Bermuda, Fiji, Omán, Vanuatu y Dominica serán «castigadas» al no haber mantenido los compromisos adquiridos.
FILTRACIONES MASIVAS
La lista nació como respuesta, no como propuesta. Los ministros de Finanzas de la Eurozona se vieron forzados a dar un paso tras reiteradas filtraciones masivas de datos fiscales que demostraban cómo empresas y millonarios se habían beneficiado de la opacidad, la falta de colaboración entre autoridades y todo tipo de agujeros en la legislación internacional para pagar menos impuestos de lo que les correspondería. A la ola de leaks siguió una de indignación, y en diciembre de 2017 el Eurogrupo dio una luz verde provisional. Destinada, según los críticos, más a aparentar que de verdad a perseguir.
Desde las instituciones señalan que no es así. Que lo más importante, activar una discusión global de verdad y forzar a decenas de países y jurisdicciones a mover ficha, se ha logrado, y eso ya es un éxito, porque no se discute si se deben hacer cosas, sino cuándo y cómo. Fuentes europeas apuntan que simplemente haber propiciado cambios en algunas legislaciones o como poco haber forzado a muchos gobiernos a prometerlos, a aplicar otros estándares y arrojar algo de luz en entramados muy oscuros, ya es un paso vital.
Organizaciones de todo tipo y numerosos eurodiputados lamentan sin embargo que la lista es «cobarde», que no va hasta el fondo y deja de lado el verdadero problema: la opacidad dentro de la propia UE. La postura oficial es que entre sus miembros no hay ni puede haber paraísos fiscales. Según Oxfam, por ejemplo, si la UE se aplicase a sí misma los criterios que usa con otros, Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos sería estigmatizados.
Fuente: elMundo.es